La discusión en el Congreso de las iniciativas para crear una ley de seguridad interior es un momento oportuno para hacer un balance de lo que se ha hecho en la última década en el enfrentamiento con el crimen organizado y tomar decisiones basadas en una evaluación seria de lo que ha funcionado y lo que ha fracasado en el combate a la inseguridad y la violencia en México.

Habría que comenzar por el principio. ¿Por qué estamos como estamos? El discurso oficial, repetido por los voceros oficiosos de la estrategia de militarización en la que se ha metido al país, afirma que la intervención del ejército y la armada en las tareas de control de la delincuencia organizada se debió a la existencia de una situación crítica en distintas regiones de México, que estaban prácticamente tomadas por las organizaciones criminales, en connivencia con las corruptas autoridades locales que habían prácticamente claudicado frente a ellas y se habían convertido en sus cómplices. Ante esa situación catastrófica, Felipe Calderón decidió que era imperativa la recuperación del dominio estatal sobre las regiones asoladas por el narcotráfico y sus derivaciones delictivas, como el cobro de derecho de piso o el secuestro.

Sin embargo, nunca se han hecho públicos los diagnósticos y las evaluaciones de costo–beneficio de políticas con base en los cuales se tomó la decisión de que la mejor manera para enfrentar la crisis era echando mano de las fuerzas armadas. Es más: ni siquiera está claro que el tamaño de la crisis fuera tan grande como para desviar al ejército y a la marina hacia tareas de dudosa constitucionalidad, pues la Constitución establece con toda precisión que las tareas de seguridad pública son de exclusiva competencia de las autoridades civiles, mientras que la facultad del Presidente de la República “para disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación” aparece enunciada solo de manera general en la fracción VI del artículo 89, sin ninguna definición de lo que se entiende por ello.

Por el contrario, distintos estudios elaborados con base en la evidencia proporcionada por la información oficial del Estado mexicano permiten conjeturar que la crisis de violencia e inseguridad existente en 2006 no era de una magnitud tal que pusiera en riesgo la seguridad interior del país, con todo lo resbaloso que resulta el concepto mismo. (Tengo para mí que los constituyentes se referían a la amenaza de rebelión, no a la representada por los bandoleros que endémicamente azotaron a diferentes regiones, pero esa es otra discusión). De hecho, un análisis publicado hace apenas unos días por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, que se puede leer aquí, señala que cuando Calderón activó la guerra por el narco no existía una crisis de seguridad que ameritara el despliegue del ejército.

En efecto, a pesar de la percepción de inseguridad imperante entonces en la sociedad, 2006 había sido el año menos violento de la historia de México en términos relativos; la tasa de homicidios había alcanzado un mínimo de 9 por cada cien mil habitantes, cosa que no se había dado nunca antes. Así, la estrategia de Calderón fue similar a la que ahora impulsa Trump: utilizó una percepción subjetiva sin sustento en la evidencia empírica para endurecer las políticas de seguridad. ¿Cuál era su objetivo? Mi conjetura es que ante la debilidad con la que llegó a la presidencia, con un margen mínimo de victoria y una fuerte contestación social, Calderón estaba urgido de legitimidad; las encuestas mostraban que la principal preocupación social era la inseguridad, sobre todo entre los electores que habían votado por él, por lo que quiso dar de entrada una imagen de fortaleza y decisión. Necesitaba, además, del apoyo norteamericano y no había mejor modo de congraciarse con el gobierno de George W. Bush que el mostrarse como pupilo disciplinado en la guerra contra las drogas y la seguridad fronteriza.

La evidencia muestra que se trató de una estrategia improvisada, para salirle al paso a un problema que no estaba claramente definido y diagnosticado. Después de la primera intervención en Michoacán, se sucedieron los operativos, pero en lugar de que ese despliegue de fuerza redujera la violencia, esta se exacerbó, mientras que no se redujo la disponibilidad de drogas en ninguno de los dos lados de la frontera ni disminuyeron los delitos colaterales. En todo caso, cuando en un lugar se establecía el control territorial, las bandas se desplazaban hacia otros territorios, en lo que se conoce como efecto globo. Para 2011, la tasa de homicidios había vuelto a niveles de treinta años antes.

El actual gobierno anunció a su llegada la revisión de la estrategia, pero más allá de un programa de prevención derivado en reparto clientelista de recursos y de la creación fallida de la gendarmería, acabó entrampado en la misma ruta de militarización, sin que se obtuvieran mejores resultados. Todo indica que al final de este sexenio la tasa de homicidios estará en 24 por cada cien mil habitantes, más de dos veces y media de la que había en 2006.

Se han cumplido diez años ya del comienzo de la militarización de la seguridad pública, pero los resultados no son buenos. El país está inmerso en una tragedia que afecta a los grupos más vulnerables de la sociedad. Los partidarios de la mano dura arguyen que de no estar las fuerzas armadas en la calle las cosas estarían mucho peor y responden a los críticos diciendo que somos defensores de los delincuentes con un discurso que, en lugar de reivindicar el principio constitucional de la presunción de inocencia, parte de la certeza de la culpabilidad de los cadáveres: si están muertos, es porque se lo merecían.

El hecho es que las denuncias por violaciones a los derechos humanos y los señalamientos por uso excesivo de la fuerza se han multiplicado, con base en evidencias sólidas, por lo que tanto el ejército como la marina están buscando un respaldo legal para seguir actuando como lo han hecho, pero ahora con base en “un mandato claro”. Las iniciativas que se están discutiendo pretenden formalizar legalmente una estrategia fallida, que ha generado incentivos negativos para el desarrollo de fuerzas de seguridad civiles profesionales y técnicamente capacitadas para usar con mesura y respeto a los derechos humanos la fuerza legítima del Estado y que estén sujetas a la responsabilidad legal que les corresponda sin amparo en un fuero particular. Si se legisla con base en los que hoy está sobre la mesa, se estará legalizando una estrategia fallida, con un enorme costo para el proceso de construcción de una auténtica democracia constitucional.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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